Somos Asesores en Asuntos Públicos
Actividad Comercial y Temas de Gobierno
Contamos con +25 años de experiencia representando los intereses y necesidades de nuestros clientes.
Brindamos la seguridad de que toda la información pertenece al cliente y por ende no es posible su divulgación ni comercialización.
Promovemos las iniciativas de nuestros clientes en la toma de decisiones, de una manera cristalina, pública y responsable
Servicios
Dentro de nuestros servicios ofrecemos:
Asuntos Públicos y de Gobierno
- Análisis de coyuntura política
- Diagnóstico de temas de interés
- Trámite y acompañamiento en proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa
- Asesoría en contratación administrativa
- Asesoría en cumplimiento con obligaciones institucionales, supervisiones, etc...
- Asesoría en negociaciones con entidades públicas
Asesoría En Temas Municipales
- Trámite de licitaciones
- Trámite de planes reguladores
- Trámite de regulaciones municipales
- Trámite de regulaciones municipales de impuestos
- Regulaciones municipales de servicios públicos
Consultas frecuentes
Una consultoría en asuntos públicos es un servicio de asesoría en temas relacionados con los poderes y las instituciones del Estado costarricense.
Esta asesoría versa en que las necesidades de los clientes sean tomadas en cuenta a la hora de emitir regulaciones, sean estas leyes, reglamentos, circulares o directrices por parte de las personas que ostentan las posiciones del Gobierno de Costa Rica, sean éstas del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, municipalidades o instituciones descentralizadas.
Según la Constitución de la República de Costa Rica, el procedimiento de aprobación de las leyes es competencia de la Asamblea Legislativa y es mediante la tramitación de proyectos de ley, que los Diputados proceden a cumplir con su mandato constitucional.
El procedimiento legislativo se rige mediante un reglamento interno propio de la Asamblea Legislativa y en él intervienen los Diputados como titulares de la competencia, pero no exclusivamente, ya que participan departamentos técnicos, asesores, personal de comisiones legislativas, instituciones interesadas, cámaras interesadas, personas del sector privado y un sinnúmero de actores que influyen en el resultado final de las leyes, en sede legislativa.
El poder Ejecutivo ostenta las competencias constitucionales de sancionar las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa y a su vez tiene dentro de sus facultades la competencia de reglamentarlas.
Esta facultad implica que el Poder Ejecutivo establece una regulación técnica basada en las leyes aprobadas la cual genera gran impacto sobre las actividades cotidianas y comerciales de los habitantes de Costa Rica.
Tanto las municipalidades como las instituciones descentralizadas tienen una serie de competencias constitucionales y legales que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos del país o de una región.
Estas competencias varían desde la fijación de impuestos, patentes, tasas, precios públicos o de cualquier figura fiscal, hasta la emisión de reglamentos de construcción, pasando por regulaciones financieras, de telecomunicaciones o de seguros.
Esta gran variedad de actividades debe ser reguladas mediante normas jurídicas y su estudio, redacción, emisión, implementación e interpretación afectan a los habitantes de Costa Rica.
El 1 de diciembre del año 2022, entró a regir la Ley denominada «Ley General de Contratación Pública de Costa Rica», dicha ley establece una serie de criterios novedosos para regular la contratación administrativa del Estado de Costa Rica.
En esta nueva norma, se incluyen algunos criterios dirigidos a mejorar la planificación de las instituciones públicas, así como mejorar la ejecución de los contratos y sancionar la actividad temeraria de oferentes en lo que respecta al abuso de los recursos a que tienen derecho.
De igual manera se promueve las alianzas público-privadas como medio de modernización de todo el sistema de compras públicas.
Cada ley, cada reglamento, directriz, interpretación o decreto, establecen derechos u obligaciones a los sujetos que conviven en la República de Costa Rica.
Es en esas regulaciones donde los intereses de los clientes deben ser incluidos y los textos de esas regulaciones deben ser suficientemente claras para que, en el ejercicio de la actividad de gobierno, no se generen perjuicios económicos o irrespeto de los derechos de las personas.
Nuestra empresa tiene el conocimiento y la experiencia de representar los intereses de nuestros clientes, cumpliendo con estrictos parámetros éticos, con el fin de efectivamente asegurar que los puntos de vista se reflejen y sean escuchados al momento de emitir esas regulaciones.
